• Incluso en aquellas comunidades que no han aprobado su normativa definitiva, las empresas han editado libros y habilitado fórmulas que garantizarán que se pueda acceder a materiales definitivos a través de las plataformas editoriales.

• El complejo contexto en el que están trabajando las editoriales está dificultando la planificación logística. Dicha complejidad ha podido provocar incidencias en las librerías que se están resolviendo en pocos días.

• Los editores destacan el importante papel que los proyectos editoriales están teniendo como apoyo a la comunidad educativa en el proceso de adaptación a los nuevos desarrollos curriculares.

• En ninguna otra ocasión elsector había tenido que enfrentarse a un cambio de estas características, lo que ha requerido inversiones millonarias en un contexto de alta inflación y de incremento de costes.

• ANELE vuelve a alertar del riesgo que la intervención sobre los contenidos por parte de las administraciones puede suponer sobre el pluralismo y la libertad de cátedra.

• Para el curso 2022-2023, la oferta de libros y contenidos educativos editoriales de las empresas asociadas a ANELE alcanza los 34.371 títulos en papel y los 25.805 en soporte digital

El conjunto de las editoriales pertenecientes a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) ha conseguido elaborar libros y materiales didácticos adaptados a las nuevas normativas curriculares, para todas las Comunidades Autónomas. Libros que están siendo puestos a disposición del profesorado y del alumnado. Incluso en aquellas comunidades que no han aprobado su normativa definitiva, las empresas han editado libros y habilitado fórmulas que garantizarán el acceso a materiales definitivos a través de las plataformas editoriales. Así se reconoce en el Informe “El libro y contenidos educativos en España. Curso 2022-2023”, que se acaba de hacer público. En él, ANELE detalla las dificultades a las que las empresas han tenido que enfrentarse a la hora de desarrollar su labor de cara a este curso.

Entre estas dificultades, se encuentra la elaboración de los nuevos currículos por parte de las Administraciones Públicas. Una tarea que, como se señala en el informe, no está siendo “ni rápida, ni sencilla, y a ello ha contribuido la escasa capacidad de las diferentes Administraciones para alcanzar acuerdos”. Esto ha significado que no se haya conseguido “el propósito -del Ministerio- de disponer de los currículos con el tiempo suficiente como para poder ser reconocidos y asumidos por la comunidad educativa”, explica el informe. Y añade que “tampoco la elaboración de los Reales Decretos y los Decretos autonómicos han ido en paralelo”, como se pretendía. De hecho, cuando ya se está iniciando el curso, hay “siete comunidades autónomas que aún no han publicado ninguno de sus decretos curriculares (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco)”.

Los editores recuerdan que disponer de estos textos normativos “no solo es importante para la elaboración de los libros de texto, también para el conjunto de la comunidad educativa, pues estos determinan no solo los contenidos, también la programación de las materias, las cargas horarias, etcétera”.

Ante tales circunstancias, en tanto que se aprueban de forma definitiva los currículos, tanto profesorado como editoriales no han tenido más remedio que basarse en estos borradores para preparar, clases, libros y materiales didácticos.

Todo ello, unido al hecho de que se han emitido mensajes contradictorios respecto a la renovación de los libros en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña o Madrid, ha propiciado que los procesos de prescripción y selección de los libros por parte de profesores y centros se haya retrasado e incluso pospuesto a septiembre. Como consecuencia, la planificación logística ha sido más compleja y, en casos puntuales, se están produciendo algunas incidencias a la hora de encontrar determinados libros en las librerías. Incidencias que se están resolviendo en pocos días.

El papel del sector editorial ante el cambio curricular

Los editores apuntan en su informe que “en un proceso de cambio como el que representa la LOMLOE y su nuevo desarrollo curricular, el papel del sector editorial y de los libros de texto que las editoriales elaboran adquiere gran relevancia”. Además de libros adaptados a las nuevas normativas curriculares, los proyectos editoriales engloban mucho más que contenidos y actividades, “incluyen orientaciones pedagógicas y metodológicas, materiales digitales, propuestas de programaciones de área y de aula, etcétera. En definitiva, una colaboración de las editoriales y el profesorado que va de la autoría a la formación”.

Asimismo, recuerdan que, como ha explicado el profesor Francisco López Rupérez, “las dos reformas curriculares principales que se consolidaron en relativamente poco tiempo en el panorama educativo español en los últimos cincuenta años -La Ley General de Educación (1970) y la LOGSE (1990)- se apoyaron en el libro de texto como instrumento alineado con los objetivos esenciales de la ordenación académica. El proceso de renovación educativa que pretenden desarrollar las legislaciones es lento, pero sin el papel de las editoriales puede resultar utópico”.

Inversiones millonarias en un contexto económico complejo

El informe también apunta que el proceso de adaptación de los libros y materiales a la LOMLOE no tiene precedentes, ya que se han tenido que renovar todos los libros de texto de los cursos impares, algo que no había ocurrido con ninguna otra Ley. Además de realizarse en un tiempo récord, “ha requerido de inversiones millonarias por parte de las empresas. Todo ello en un escenario de incremento de costes y de inflación”. Recuerdan que el IPC de julio registró un incremento del 10,8% en su tasa interanual. Según este estudio, los libros de texto registraron un incremento del 1,5% (los datos de agosto por sectores no están disponibles). En el caso del sector editorial, además de la subida de los costes energéticos, han de afrontar otros incrementos de gastos como los derivados de la subida del papel, de los costes salariales para ajustarlos a la inflación, etcétera.

Según se destaca en el informe, “el sector editorial de libros de texto está tratando de ajustar al máximo sus costes de producción para tratar de evitar trasladar a las familias el fuerte incremento de los gastos”.

Los editores recuerdan en su informe que, a la hora de analizar la inversión que deben hacer las familias por los libros de texto, es importante tener en cuenta que, según los datos facilitados por las Comunidades Autónomas, “algo más del 50% del alumnado de la enseñanza obligatoria recibe algún tipo de ayuda para los libros de texto”, ya sean ayudas directas, libros en préstamo o desgravaciones fiscales.

En favor de un acuerdo para homogeneizar los sistemas de ayudas

El informe vuelve a poner de manifiesto que también en los programas de ayudas para los libros de texto existen notables diferencias entre comunidades autónomas. “No se trata solo de una diferencia de los recursos económicos destinados a estos, también a los procedimientos, las cuantías y los modelos de adquisición de los libros de texto o de las ayudas. Así, nos encontramos comunidades autónomas en las que su alumnado dispone de los libros gratis y, en otras, que dependiendo de los niveles de renta -estos también variables según la CCAA-, obtienen algún tipo de ayuda económica o una cantidad de libros determinada”.

Con el fin de evitar que se genere desigualdad entre el alumnado y que todos puedan acceder a recursos de calidad, desde ANELE se aboga por que el Ministerio sea capaz de liderar “los trabajos para alcanzar un consenso en el desarrollo de un programa de ayudas a las familias en todas las comunidades autónomas.

Se trataría de fijar unos criterios comunes, como en a quién debería beneficiar, cuándo, cómo y, además, establecer los mecanismos para dotarlos de los recursos económicos para hacerlos viables y, sobre todo, sostenibles”. De esta manera se contribuiría a compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables y a que el sistema educativo garantizara la equidad y la igualdad de oportunidades en la educación.

Intervención de las Administraciones y pluralismo educativo

Respecto a las propuestas e iniciativas autonómicas, en lo referido a los contenidos digitales, el informe de ANELE alerta de iniciativas de determinadas comunidades autónomas para promover la creación y/o contratación de determinados recursos digitales, que podría poner en riesgo el pluralismo educativo, así como la libertad de creación. Los editores recuerdan que la Ley establece que los docentes son los únicos que pueden seleccionar qué libros y materiales se emplean en sus clases. “La selección o promoción de determinados contenidos podría convertirse en una suerte de vuelta al libro único que pondría en riegos la libertad de cátedra. Por no hablar de lo que supondría que sea un determinado Gobierno quien determine qué desarrollo de los contenidos se imparten en sus clases”.

En este sentido, recuerdan que, en los últimos años, la oferta de libros de texto y contenidos digitales se ha incrementado notablemente. Para este curso alcanzan los 26.749 títulos. Una oferta plural que facilita que, como ya ocurre con los libros en papel, el profesorado pueda seleccionar aquellos contenidos y materiales que mejor se adaptan a su proyecto educativo. A esto hay que añadir que la práctica totalidad de los libros en papel dan acceso a contenidos digitales para su uso en el aula o en el hogar. Oferta que debería hacer innecesaria la intervención de las Administraciones educativas en la elaboración de los contenidos que se utilizan en las aulas en sus respectivas comunidades autónomas.

Además de la oferta de contenidos digitales que ya hemos mencionado, las empresas asociadas a ANELE cuentan con una oferta de libros para el curso 2022-2023 de 34.371 títulos en formato papel. Tanto en la edición en papel como en soporte digital, la oferta no ha dejado de incrementarse. Esto es reflejo del interés de las empresas por ofrecer todo tipo de soluciones para la educación.